Puños verdes (El Decano, 26-1-2007)

Son dos fotos cargadas de fuerza, con un hilo conductor que las une: la historia de la reivindicación de derechos democráticos en la Guardia Civil. La primera imagen, en blanco y negro, tiene 20 años, más o menos. Desconozco a su autor, pero reconozco en ella a su protagonista. La segunda, la foto a color , fue tomada el pasado sábado en la plaza Mayor de Madrid. Desconozco a su protagonista, pero sé que su autor es el sensacional reportero Ángel Díez, jefe de fotógrafos de la Agencia EFE. En la primera vemos a un agente de la Guardia Civil, el cabo Rosa. Un histórico de la lucha en el cuerpo benemérito que saluda, puño en alto, desde la cárcel donde cumplía una pena de prisión. Dos años estuvo injustamente recluido el cabo Rosa. Su delito: promover la creación, a mediados de los 80, del extinto «Sindicato Unificado de la Guardia Civil», el SUGC, aquella pionera organización que comenzó a luchar desde la clandestinidad, aunque en plena Democracia. Habrá quien lo recuerde, pues el SUGC fue un aldabonazo en la conciencia colectiva. Cuando en los 80 conocimos a aquellos guardias que daban ruedas de prensa, pero que lo hacían encapuchados para evitar ser reconocidos por los mandos, algo cambió en la conciencia de buena parte de la sociedad española, que empezó a mirar con simpatía y comprensión a unos trabajadores a los que, durante la larga noche de la dictadura, muchos les habían tenido miedo y aversión. Y muchas veces con sobradas razones. Aquellas fotos de guardias embozados conmocionaron a la opinión pública. A mí, la foto del pasado sábado, que fue portada en los dos diarios nacionales de mayor tirada, me ha vuelto a sugerir sensaciones parecidas. La situación ha mejorado, es innegable. Pero las reformas en la Guardia Civil son lentas, exasperadamente lentas. Por eso, la presión de los agentes, ahora aglutinados mayoritariamente en torno a la legal AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ni ceja, ni cejará. Porque su petición es justa. Hay que recordarlo, de nuevo: Los guardias civiles tienen coartada su libertad de expresión, no tienen permitida su afiliación a sindicatos o partidos, no pueden participar en actos sindicales o políticos. Tampoco pueden reclamar derechos laborales. No pueden criticar públicamente la gestión de las comandancias, o las decisiones de los mandos. Ni tampoco tienen vías para denunciar abusos o persecuciones de los jefes (y aquí en Guadalajara han aguantado carros y carretas), que no sea la de recurrir al escalafón vertical de esa jerarquía militar, a la que se debe el cuerpo. Incluso, a los agentes de la Guardia Civil se les sigue aplicando, hoy, un Código Penal Militar que puede acarrear penas de privación de libertad. El PSOE llegó al poder en 2004 con una cartera de promesas para cambiar esta situación. En su programa se comprometió a modificar el régimen interno del cuerpo. Pero a día de hoy, todavía no lo han hecho. E incluso, extraoficialmente, alguno de sus más importantes miembros se comprometió a una «desmilitarización progresiva» (palabras del ministro Caldera en último congreso de la AUGC previo a las elecciones del 14-M). Es hora, pues, de dar respuesta a la justa reivindicación de la AUGC, que el pasado sábado hizo historia con una movilización contundente y rotunda. Decenas de miles de agentes, más de 3.000 de uniforme, y más de 200 llegados desde Guadalajara (donde la AUGC tiene una fuerza, un liderazgo y una autoridad moral indiscutible), dieron una lección de lucha. Y digo que es hora de dar una respuesta valiente y definitiva, porque no valen los apaños que plantea ahora el Gobierno. Hay que ir al fondo de la cuestión, y apostar por la lógica: desmilitarizar un cuerpo que debería ser civil, porque sus labores son policiales. Han pasado dos décadas entre estos dos puños en alto. Y es necesario que los agentes de verde lo sigan alzando. Y no lo digo por ellos, que también, sino sobre todo por nosotros. Por todos. Porque los ciudadanos debemos exigir que nuestra seguridad esté en manos civiles. No sé a ustedes, pero a mí me fastidia que, por ejemplo, me pida el DNI un militar. Me da mal rollo. Quiero que me lo pida un civil. Un guardia civil civil. Un guardia civil libre. l

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LO DE ALCORCÓN Y LO DE AZUQUECA, aunque con notables diferencias (afortunadamente, por lo que nos toca), tiene algunos paralelismos que harían mal nuestros gobernantes en tratar de ocultar. Soy de los que piensa que una política seria y progresista es la que trata de analizar este problema desde una perspectiva global, atacando sus causas. Quedarse sólo en la superficie de la existencia de «bandas latinas» que «extorsionan» a otros chavales en la cancha de baloncesto, es no querer entrar en el fondo del asunto: ¿Qué futuro tienen los jóvenes de Alcorcón, de Azuqueca, o de otros barrios y localidades obreras, sean de más aquí, o de más allá? ¿Qué posibilidades de acceso al trabajo? ¿Qué estabilidad en el empleo? ¿Qué sueldos cobran? ¿Pueden acceder a una vivienda? ¿Qué condiciones tienen en sus familias, en sus barrios, en sus escuelas...?
Lo peor de lo sucedido no son sólo los incidentes vividos, que ya de por sí son graves. Lo peor es que este tipo de conflictos son el hervidero perfecto para que el discurso fascista y xenófobo cale en determinadas capas de la población. Una política progresista debe tratar de explicar que los problemas de convivencia detectados no se derivan del color de la piel o de la nacionalidad, sino que son problemas que se asientan en las condiciones de vida de la gente. Lo que no me vale es la hipocresía de ese sector de la derecha, que un día se muestra terriblemente afectada y solidaria con los «pobres trabajadores ecuatorianos que han venido a buscarse honradamente un futuro mejor y han acabado asesinados por ETA», y que a la semana utiliza estos incidentes para cargar contra la inmigración, y de paso, contra la política de regularizaciones del Gobierno. l